Aquí podrás encontrar las proposiciones que ALA ha presentado para su debate y consideración por todos los colegiados y colegiadas en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del ICAM del próximo 20 de marzo de 2018.

Nuestras propuestas tratan sobre los siguientes puntos:

• ESTATUTOS,
• PERSPECTIVA DE GENERO,
• MUSA,
• TRANSPARENCIA,
• PROYECTO TRANSFORMACIÓN DIGITAL COLEGIO 3.0
• FORMACIÓN,
• TURNO DE OFICIO,
• DERECHO DE DEFENSA,
• LEX NET,
• UNIFICACIÓN DE LOS COLEGIOS DE MADRID
• CONFLICTO DE INTERESES
• DIGNIFICACIÓN DE LA PROFESIÓN

Tu participación y apoyo es FUNDAMENTAL. Ven a la Junta el 20 de marzo o en todo caso DIFUNDE esta convocatoria.
Un abrazo,

El Grupo de Trabajo de Asuntos Colegiales de ALA.

1 de abril de 1939 – 1 de abril de 2018.

El 1 de abril (fecha en la que finalizó la Guerra Civil) la Fundación Francisco Franco celebraba públicamente una “…victoria tan justa como merecida” y reproducía el último parte de guerra del Dictador “En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”.

Que una Fundación fascista (y legal) pueda alardear de tal manera de la victoria en la Guerra Civil y de la Dictadura de Franco nos da idea de los niveles mínimos en los que se desenvuelve nuestra vida democrática, influida a todos los niveles no sólo por los reflejos del franquismo sino también por su inseparable punto de apoyo: el nacionalcatolicismo. Ya lo dijo Unamuno, no hay nada peor que el maridaje de la mentalidad de cuartel con la sacristía.

Si no fueran públicas y estuvieran documentadas no daríamos crédito a las siguientes noticias: que en el año 2018 y en un Estado aconfesional cuatro ministros del Gobierno y el Delegado del Gobierno en Andalucía canten públicamente “El novio de la muerte” en la procesión del desembarco y traslado del Cristo de la Buena Muerte por la Legión; que la bandera, símbolo de ese Estado, se izara a media asta durante la Semana Santa en las instalaciones militares en señal de luto por la muerte de Jesús de Nazaret; que los colegios estén obligados a impartir la asignatura de religión que, además, cuenta para la nota; que la televisión pública ofrezca horas de retransmisiones religiosas católicas presentadas no por comentaristas sino por adoctrinadores; que suene el himno del Estado aconfesional cuando el paso de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso (el nombre es real), o cualquier otro, sale a procesionar; que las Fuerzas Armadas participen en las procesiones de Semana Santa; que los asesinad@s de la guerra civil sigan enterrad@s en cunetas o fosas mientras el Presidente del Gobierno se jacta de no dar ni un euro en los presupuestos para cumplir una ley aprobada por las Cortes Generales, la Ley de Memoria Histórica; que los torturadores y asesinos de la Dictadura sigan paseando libres mientras l@s Jueces y Juezas y Tribunales se niegan a iniciar procedimientos contra ellos con una aplicación restrictiva de las leyes; que el Congreso de los Diputados rechace (PP, PSOE y Ciudadanos) tramitar la derogación de la Ley de Amnistía; etc.

Somos abogad@s y no vivimos ajenos a este estado de cosas. En la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno un Cristo ocupaba la mesa en la que juraban sus cargos. Preguntado el decano en la última Junta General por la razón de ello nos comentó que el acto fue organizado por la Junta de Gobierno saliente y que ell@s se lo encontraron organizado así; por lo que podemos concluir que a la antigua Junta de Gobierno le daba igual que en los Estatutos del ICAM (art. 5.2) se establezca que el Colegio es aconfesional y, lo que es peor, que a la nueva Junta de Gobierno, como era un acto organizado por la anterior, no le pareció que debía retirarse el crucifijo del acto antes de empezar la ceremonia a fin de comenzar su mandato cumpliendo los Estatutos.

Si sólo fuera el Cristo lo sufriríamos una vez cada cinco años (en el actual estado de cosas sería una mejora), pero también tenemos a su madre. En efecto el ICAM en sus Estatutos mantiene “…los patronatos y conmemoraciones que han acompañado su trayectoria histórica desde su fundación”, ¿de quién estamos hablando? de la Inmaculada Concepción a la que el ICAM homenajea todos los años con motivo de su festividad; poca cosa, una misa que se paga con cargo a los presupuestos del ICAM y se oficia en la Iglesia de Santa Bárbara pero, para una Corporación de derecho público, otro sometimiento a la Iglesia Católica. No somos un caso único, numerosos Colegios de abogados tienen también su patrona, compiten muy igualadas en número de patronazgos Santa Teresa y la Inmaculada Concepción, y a corta distancia la Virgen del Pilar, pero también están Nuestra Señora del Patrocinio (La Coruña), Virgen de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), Nuestra Señora de la Asunción (Cáceres), etc., cada uno tiene la suya, excepto Barcelona.

Es cierto que como abogad@s podríamos recurrir a los Tribunales para poner coto a este entreverado de nacionalcatolicismo que sufrimos y ya lo hizo un compañero de Sevilla que consideró que la proclamación de la Virgen María como patrona del Colegio de abogados de Sevilla vulneraba los derechos de igualdad y de libertad religiosa y menoscababa la neutralidad religiosa de la Corporación. Su recurso fue desestimado, sucesivamente, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Sevilla y por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, por lo que nuestro compañero presentó recurso de amparo al Tribunal Constitucional que en su sentencia 34/2011, de 28 de marzo, puso las cosas en su sitio:

“Por lo que antecede, procede rechazar la demanda de amparo en este punto, pues fácilmente se comprende que cuando una tradición religiosa se encuentra integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de  ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo o adherencia a postulados religiosos concluyéndose así que, en el presente caso el patronazgo de la Santísima Virgen en la advocación o misterio de su Concepción Inmaculada, tradición secular del Colegio de Abogados de Sevilla, no menoscaba su aconfesionalidad”.

Con tan contundente argumentación jurídica el tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo.

Y no olvidemos que el Colegio de Abogados de Madrid sigue manteniendo como “decano honorario” a José Antonio Primo de Rivera, líder del partido fascista Falange española de las JONS; nombramiento realizado en la reunión de la Junta de Gobierno provisional del colegio de abogados de Madrid de 29 de marzo de 1939, documentado en el acta de aquella reunión. Aquella Junta de Gobierno provisional del Colegio de abogados de Madrid fue designada por Falange y ratificado su nombramiento por el Coronel auditor de Guerra del Ejército de ocupación, por lo que en el ICAM se mantiene en vigor un acuerdo tomado por autoridades políticas y militares de la Dictadura gracias a que la Junta de Gobierno de Sonia Gumpert, en la Junta General del ICAM de 15 de noviembre de 2016, rechazó admitir a debate la propuesta de revocación del acuerdo que formuló la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, ALA.

Llegados a este punto tenemos que concluir que el 1 de abril de 2018 l@s ciudadan@s seguimos cautiv@s y desarmad@s. Cautiv@s de normas, tradiciones, silencios, oportunismos, etc., que mantienen viv@s a la Dictadura y su Nacionalcatolicismo sin que nada hagan los poderes públicos para terminar este estado de cosas. Desarmados, pues ni los Jueces y Juezas y Tribunales amparan los actos de l@s ciudadan@s para acabar con ello, ni l@s legislador@s democrátic@s o las autoridades competentes promueven las reformas necesarias para conseguirlo.

Madrid, 3 de abril de 2018.

Grupo de trabajo de Asuntos Colegiales de ALA.

La herencia ruinosa de Sonia Gumpert.

Se atribuye a Lincoln la frase “Se puede engañar a todos algún tiempo y a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo” y, perdido el control de la información en el ICAM que permitió a Sonia Gumpert su mandato de decorado, gasto y propaganda, la realidad del ICAM se abre paso y lo que nos muestra es peor de lo que incluso desde esta asociación habíamos supuesto.

Hace unos días nos desayunábamos con la noticia de que el decano del ICAM abortaba el lanzamiento del proyecto tecnológico Colegio 3.0, previsto para el 2 de julio, pues el proyecto está plagado de errores, provocando fallos en la migración de datos, página web, correo electrónico, etc.

El proyecto tecnológico Colegio 3.0 fue anunciado a bombo y platillo por la Junta de Gobierno de Sonia Gumpert y pretende la integración de todas las aplicaciones informáticas de todos los servicios del ICAM, unificándolas y modernizándolas, para que puedan ser utilizadas por los colegiados y empresas que se relacionan con el ICAM.

Desde el principio el proyecto fue tan pretencioso como opaco. Se publicitó acríticamente en los medios del ICAM informando que, dadas las dimensiones del proyecto era “…necesario el trabajo fulltime de un equipo de hasta 40 personas con diferentes perfiles profesionales en IBM”(1), el ICAM creó un equipo de gestión encargado de liderar el proceso de implantación formado por Dirección General, Dirección de sistemas, Dirección de recursos humanos, Dirección de justicia gratuita y coordinador del proyecto (2)

ALA solicitó información concreta del Proyecto en las Juntas Generales de 17 de noviembre de 2015 y 15 de noviembre de 2016, así descubrimos que, previamente al contrato suscrito con IBM para desarrollar el Proyecto, se había contratado con la propia IBM un “…análisis de la situación tecnológica actual del Colegio y definiera el modelo que necesitamos construir por nuestros servicios y por nuestras funciones…”(3). Este análisis se llevó a cabo en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015 y sirvió para definir “…el modelo tecnológico idóneo para el Colegio…”(4)y también “…como implementarlo técnicamente en cuanto a infraestructuras y aplicaciones de tal forma que lo que nos han diseñado es un proyecto llave en mano”(5); tras ello se hizo una estimación “…con ayuda de IBM muy aproximada para la implantación y la ejecución de este proyecto tecnológico de 3 millones…”(6) que, de ser aprobados, se pedirían “…ofertas a los proveedores tecnológicos que sean capaces de darnos ese proyecto y de ejecutar ese proyecto”(7).

Requerida por ALA para que informara del coste del “análisis de la situación tecnológica actual del Colegio” contestó que IBM había cobrado 60.000.- € más IVA por 280 horas de trabajo de 15 personas (8) (214,28.- €/hora).

El contrato con IBM parece que se firma en abril de 2016 y, según la contestación dada a preguntas de ALA, se pretendía que estuviera finalizado en abril de 2018 (9). Es interesante precisar que, pese a ser la propia IBM la que había realizado la estimación del proyecto en 3 millones de euros el contrato se pacta por horas de trabajo, por tanto con un precio abierto y sin límite de horas, se realiza sin intervención ni conocimiento de los servicios jurídicos del ICAM (10) y es muy cuestionable jurídicamente que la misma multinacional que desarrolla el estudio previo acabe siendo la adjudicataria de la ejecución del proyecto (situación explícitamente excluida en la Ley 30/2007 de contratos del sector público (11) y en el Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre (12) que establecen la incompatibilidad para realizar las especificaciones técnicas de un contrato y luego concurrir a su licitación).

El proyecto fue crecientemente cuestionado. Cuando ya se comentaba en el ICAM su retraso, problemas y sobrecoste, ALA solicitó en Junta General la publicación del contrato suscrito con IBM por considerar que afectaba al patrimonio del ICAM e interesaba a la abogacía madrileña(13) su conocimiento, negándose la decana Sonia Gumpert alegando confidencialidad.

Posteriormente se supo que el contrato, hurtado a los servicios jurídicos del ICAM que lo desconocían(14) hasta que, tras comenzar los problemas, fueron informados, había sido asesorado por el despacho Elzaburu, Abogados y Consultores(15), expertos en propiedad industrial e intelectual, uno de cuyos socios, Javier Fernández-Lasquetty Quintana, participó en la candidatura de Javier Íscar a las elecciones a Junta de Gobierno del ICAM de diciembre de 2017, como candidato a Diputado 2º, y era Presidente de la Sección de propiedad industrial e intelectual del ICAM.

Intentando parar las críticas de sobrecoste y ocultar los problemas de implantación del proyecto el ICAM dedica un número completo del Otrosí digital para lavar la imagen del proyecto tecnológico Colegio 3.0(16) que incluye una entrevista de ocho páginas con Marta Martínez, Presidenta de IBM(17), la entrevista y las preguntas van dirigidas a la justificación del coste del proyecto y de sus problemas (“La transformación tecnológica requiere de un gran esfuerzo inversor.

¿Cómo se traduce esa apuesta en términos económicos?” o “El proyecto tecnológico supone un esfuerzo presupuestario de gran envergadura. ¿Cuál es el retorno de esta inversión?”). De paso se informa que el proyecto va a tener un coste no de 3 millones de euros (que es el que había estimado IBM), sino de 3,9 millones(18).

En el mes de diciembre de 2017, en plena campaña electoral y con rumores de que el coste del proyecto se acercaba a los 5 millones de euros un correo electoral de una de las candidaturas, de los remitidos por el ICAM, se replica hasta el infinito y se recibe por l@s colegiad@s en algún caso hasta 150 veces(19), el ICAM se disculpa y, como era de esperar, la Comisión electoral no consigue averiguar cual ha sido la causa; ya entonces se comentó que la razón había sido la migración masiva de datos en un intento de avanzar al máximo el proyecto Colegio 3.0 ante la previsible pérdida de las elecciones por la candidatura “continuista” de Javier Íscar(20).

Con carácter previo a la Junta general de cuentas de marzo de 2018, que debía aprobar las cuentas anuales del ICAM de 2017, ALA solicitó información de diferentes partidas incluidas en las cuentas y específicamente de “todos los gastos desglosados vinculados al proyecto tecnológico”, la información que se nos facilitó fue la siguiente (21):

De forma que en febrero de 2018 el coste inicial de 3.512.551.- €, con IVA, había pasado a ser de 4.468.088.- €, con IVA, incrementándose en 955.537.- € que se pagarían entre septiembre de 2017 y mayo de 2018.
En la Junta General del ICAM de 18 de marzo de 2018 el nuevo decano informa sobre el proyecto tecnológico, confirma el retraso en la entrega del proyecto (pasando a ser la nueva fecha de entrega el 1 de julio de 2018) y anuncia que “…realizará una profunda revisión tanto de las causas de la demora, como de los posibles sobrecostes que conlleve, con la consiguiente rendición de cuentas y atribución de responsabilidades”(22), informa también que “…se facilitará el acceso al contrato del proyecto tecnológico a los colegiados que lo soliciten y firmen previamente un documento de confidencialidad”.

En esa Junta General, en la que se sometían a aprobación los presupuestos del ICAM para 2018, la nueva Junta de Gobierno incluyó una “adenda al proyecto de presupuesto 2018” con el siguiente texto:

“No habiéndose producido la entrada en funcionamiento del proyecto tecnológico, y existiendo dudas razonables sobre cuando se producirá, el presupuesto no recoge importe alguno correspondiente a la amortización de dicho proyecto. En todo caso, a la vista del análisis preliminar realizado por la nueva Junta de Gobierno, es previsible que el coste final del referido proyecto se incremente de forma significativa en relación con el importe inicialmente previsto”.

En el presupuesto de 2018(23) se recoge (pg. 25) que el proyecto tecnológico no figura en el presupuesto al ser un proyecto financiado con cargo a resultados anteriores y no requerirá de fondos adicionales. Sin embargo en la pg. 26, “Infraestructura física y nube”, se presupuestan 280.000.- € al efecto, de los cuales 265.200.- € se incluyen como partidas nuevas no referidas en anteriores presupuestos, con alusión a IBM:

• Infraestructura Softlayer (IBM): 245.200.- €
• Licencias SW servidores: 3.600.- €.
• Licencias SW INI (Central de llamadas: 16.400.- €.

Además se presupuestan específicamente para “Coordinación del Proyecto tecnológico” 84.700.- € (126 % más respecto del presupuesto anterior, y un 18 % más respecto al presupuesto real del ejercicio anterior). Y se presupuestan 4.000.- € para el seguimiento jurídico del proyecto tecnológico (Pg. 39).

Posteriormente el decano José Mª Alonso(24) declara “nos estamos encontrando costes imprevistos y no contemplados y estamos discutiendo con el proveedor, IBM, cual es el precio que debe afrontar el Colegio. Se van a pedir las responsabilidades que se tengan que pedir sobre lo que ha sido una gestión, a mi juicio, muy deficiente”.

Por si no era bastante a final del mes de junio de 2018 unos correos enviados por el ICAM a 2.860 abogad@s del turno de oficio vuelven a fallar informando de guardias de 2015 y 2016, ante ello se convoca una reunión en la que participan el decano, la vicedecana Begoña Castro, el secretario Nacho Monedero, el diputado Manuel Martín y la Directora General Noelia Fantova y los responsables del proyecto por parte de IBM, tras ella el ICAM decide aplazar el lanzamiento de Colegio 3.0, previsto para el 1 de julio de 2018 retrasándolo al 1 de octubre de este año.

Así llegamos a la situación actual en la que el ICAM cuestiona a IBM el pago de 6.000 horas de trabajo(25) en Colegio 3.0, (si el coste/hora es similar al que se abonó a IBM por el análisis previo de la situación tecnológica del ICAM estaríamos hablando de cerca de 1.285.000.- €) estudia acciones legales frente a IBM y prepara informes periciales para sustentarlas y el Proyecto tecnológico sigue sin implementarse, habiendo pasado su coste de 3 a 5 millones de euros.

Desde la Asociación Libre de Abogadas y Abogados reclamamos de la Junta de Gobierno la máxima transparencia e información de todo lo sucedido en relación con Colegio 3.0 y que se informe a la abogacía madrileña de:

• Contrato suscrito por el ICAM con IBM para el proyecto tecnológico Colegio 3.0.
• Contrato suscrito por el ICAM con Elzaburu Abogados y consultores para asesorar el contrato anterior y coste de este contrato.
• Todos los acuerdos de Junta de gobierno tomados en relación con Colegio 3.0.
• Cantidad total reclamada por IBM hasta la fecha para el pago del proyecto.
•  Exigencia de responsabilidades legales y económicas a los anteriores integrantes de la Junta de gobierno responsables del sobrecoste de Colegio 3.0.

Madrid, 5 de julio de 2018.

Grupo de trabajo de asuntos colegiales de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados. ALA

1.  Otrosí digital nº 15, 2017; pg. 41
2.  Otrosí digital nº 15, 2017; pg. 41
3. Sonia Gumpert. Junta General ordinaria 17-11-15, Acta pg. 7
4. Sonia Gumpert. Junta General ordinaria 17-11-15, Acta pg. 7
5. Sonia Gumpert. Junta General ordinaria 17-11-15, Acta pg. 7
6. Sonia Gumpert. Junta General ordinaria 17-11-15, Acta pg. 7
7. Sonia Gumpert. Junta General ordinaria 17-11-15, Acta pg. 7.
8. Sonia Gumpert. Junta General ordinaria 17-11-15, Acta pg. 25.
9. Noelia Fantova, Directora General del ICAM. Junta General ordinaria 15-11-16. Acta, pg. 30
10. Fuentes del ICAM
11. Artículo 45
12. Artículo 56
13. Junta General ordinaria 28-3-17. Acta, pg. 50
14. Fuentes del ICAM.
15. Fuentes del ICAM
16. Otrosí digital nº 15, 2017
17. Otrosí digital nº 15, 2017. Pgs. 29-36.
18. Otrosí digital nº 15, 2017. Pgs. 38.
19. Expansión, 7-12-17: “Un error informático del ICAM boicotea la campaña a decano de José Mª Alonso”.
20. Fuentes del ICAM.
21. Información facilitada a ALA el 15-3-18 por la Tesorera y la Directora General del ICAM
22. Página web ICAM. Actualidad 20 de marzo de 2018: “La abogacía madrileña aprueba en Junta General los presupuestos para 2018”.
23. Presupuestos ICAM para el año 2018
24. Diariolaley 20-4-18
25. Fuentes del ICAM.

Sonia Gumpert “premiada” con la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía.

El 25 de julio una explosión de “tweets” de los palmeros habituales de Sonia Gumpert recibía con euforia la noticia de la concesión a la decana, por parte del pleno del CGAE, de la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía. La agraciada, modesta, reconocía el galardón como destinado a “…tantos que hemos trabajado en un proyecto maravilloso”.

Una vez más tenemos la sensación de que el CGAE, ejemplo de entidad escasamente democrática y representativa de la abogacía española, se dedica a patrimonializar los galardones que puede conceder para seguir repartiéndolos entre sus componentes, siendo el principal mérito que sea “una de las suyas”.

Pero a nosotros/as nos preocupa también otra cuestión. La gran Cruz y el procedimiento de su concesión se regulan en los arts. 32 a 35 del Reglamento de régimen interior del CGAE; allí se establece que la distinción pretende premiar “…los méritos contraídos al servicio de la Abogacía…” y se otorga “…para honrar y expresar su reconocimiento y agradecimiento a  quienes lo merezcan”.

En el procedimiento de concesión se regula, art. 34.2, que “…en el caso de que entre los firmantes de la propuesta no figurase el decano del Colegio de residencia propuesto para la distinción solicitará informe de la Junta de Gobierno de dicho Colegio sobre los méritos del propuesto y la oportunidad de la concesión de la distinción”.

La abogacía madrileña conoce sobradamente a Sonia Gumpert, es la decana que presidió uno de los períodos más opacos y antidemocráticos en el ICAM (mérito que le reconocemos, pues el nivel era alto). La que aprobaba en el CGAE un informe sobre la aplicación de la Ley de Transparencia en los Colegios de abogados que se negaba a aplicar en el Colegio que presidía; la que contestaba con el silencio a la petición de información solicitada en base a las obligaciones de los Colegios profesionales sobre transparencia y era finalmente requerida por el Consejo de Transparencia que obligaba al ICAM a facilitar la información solicitada, recurriendo también esa resolución finalmente confirmada por una sentencia firme. La colaboradora necesaria en el desastre de MUSA (heredera del Servicio Médico del ICAM) al paralizar durante año y medio la aplicación de acuerdos de Junta General del ICAM, gastando decenas de miles de euros en informes que lo justificaran y que acabó firmando con el Presidente de MUSA, Antonio Hernández-Gil, un acuerdo que mantuvieron secreto durante años en el que pactaban dejar sin efecto los acuerdos tomados anteriormente en relación con el Servicio Médico del ICAM (ignorando que habían sido adoptados en Junta General extraordinaria del ICAM). La que durante cinco años impidió el debate de proposiciones en las Juntas Generales del ICAM, pese a que dichas proposiciones cumplían los requisitos estatutarios, hasta que el ICAM fue condenado dos veces por el TSJ de Madrid por vulneración antidemocrática de sus Estatutos, con expresa mención a que la decana había impedido ilegalmente el debate democrático de las propuestas y vulnerado los derechos de los colegiados. La que aprobó un proyecto tecnológico “Colegio 3.0” que iba a costar 3 millones de euros e iba a estar operativo en abril de 2018 cuando actualmente el coste estimado es de 5 millones de euros, sigue sin estar operativo y ha originado que la actual Junta de Gobierno (en su reunión de 6 de abril de 2018) haya adoptado un acuerdo en el que constata “…desviación extraordinariamente significativa del coste contractualmente acordado y de la ulterior ampliación del mismo”, “…dudas razonables sobre la calidad de los servicios profesionales prestados… …y el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales…”, “…dudas razonables sobre la calidad del asesoramiento externo técnico y jurídico contratado por esta corporación”, por lo que “…se acuerda el encargo profesional a un tercero para que elabore un informe pericial que analice los eventuales incumplimientos y la imputación de responsabilidades en su caso”. Es también la decana que no fue neutral en las pasadas elecciones, poniendo los medios materiales del ICAM a disposición de su candidato Javier Iscar y siendo corregida por ello por la Comisión electoral; tan escandaloso fue su papel que el propio decano actual, José Mª Alonso, en una reunión preparatoria del debate electoral entre los/as candidatos/as, la requirió públicamente para que fuese neutral en las elecciones.

Podríamos seguir, más la lista sería interminable. Pero, sólo con lo apuntado, José Mª Alonso debería explicarnos qué méritos extraordinarios para la abogacía madrileña aprecia en Sonia Gumpert, si él es uno de los firmantes de la solicitud de la Gran Cruz a favor de la antigua decana y que informe ha realizado la Junta de Gobierno en relación con la concesión de dicha Gran Cruz.

Sonia Gumpert ya tiene la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía. ALA espera tener la explicación del decano José Mª Alonso de su papel y del de la Junta de Gobierno que preside en dicha concesión.

Madrid, 27 de julio de 2018.

Grupo de trabajo de asuntos colegiales de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados. ALA.

El ICAM metido en un problema por el comunicado de su decano sobre Llarena.

El 20 de junio de 2018 se reunían en Madrid las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de Madrid (ICAM) y de Barcelona (ICAB) a fin de establecer fórmulas de cooperación en asuntos que afectan a la abogacía y para trasladar una imagen de entendimiento.  “Queremos dar ejemplo de diálogo y ojalá todo el mundo actuara de igual manera“, manifestó José Mª Alonso decano del ICAM. Se pretendía y así se manifestó, tender puentes en el conflicto político de Cataluña.

Ese espíritu de entendimiento acaba de ser dinamitado el 3 de septiembre de 2018 por medio de un “Comunicado del Decano del ICAM relativo a la demanda presentada en un Juzgado de Bélgica contra el magistrado D. Pablo Llarena”. En él el decano se pronuncia “En relación a la demanda civil presentada ante la justicia belga contra el magistrado del Tribunal Supremo D. Pablo Llarena…” en la que los demandantes D. Carles Puigdemont y otros “…le acusan de haber vulnerado su derecho a un juez independiente e imparcial, a un juicio justo y equitativo y al derecho a la presunción de inocencia…”.

La pregunta es ¿por qué el decano decide intervenir en el crispado debate político sobre esta cuestión?. Se trata de una demanda civil presentada por ciudadanos ante un Tribunal de un Estado de la Unión Europea en el ejercicio de sus derechos, entre ellos el de defensa, en el cual están incluidas las estrategias de defensa que cada ciudadano/a pueda considerar convenientes a sus intereses y que deberán ser validadas o desestimadas por un Tribunal. No hay, por tanto, razón alguna para que el decano del ICAM tenga que opinar sobre demandas pendientes de enjuiciamiento y cuya defensa está encomendada a abogados/as del ICAM y del ICAB.

¿Acaso no tiene presente el Decano que ya en cierta prensa y en redes sociales se está atacando a los/las abogados/as encargados de la defensa y asimilándolos a sus clientes?. ¿Ha olvidado que por su cargo, debe defenderles de estos ataques?. ¿No tiene presente que en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, se establece en su garantía 18 que “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”?. ¿Olvida que  la Resolución 26/7 de Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dispone en su punto 104  que “Debe prohibirse el asimilar los abogados y sus clientes o sus causas y manifestar anticipación por la adopción de medidas dirigido a prevenir tal asimilación”?.

Uno de los abogados designados por los demandantes ya ha solicitado el amparo al ICAM, del que es colegiado, ¿cuál va a ser ahora  la respuesta de la Junta de Gobierno ante esa petición tras haber emitido el decano el comunicado citado en el que se posiciona a favor de una de las partes?.

El ICAM y su Decano deberían guardar una exquisita neutralidad en el debate jurídico generado por el ejercicio del derecho de defensa de todos los implicados en el conflicto político de Cataluña y, desde luego, no salir en defensa de los jueces cuando hay abogados implicados que necesitan su defensa. El decano del ICAM debería ser el garante de la libertad de defensa de todos/as los/as abogados/as intervinientes (sean o no colegiados/as ICAM, pues José Mª Alonso es también vicepresidente del CGAE), sin embargo ha optado por no formar parte de la solución sino del problema y ha metido a la institución que preside en el conflicto.

Y para ello además no ha dudado en hacer uso de los medios personales y técnicos del Colegio de Abogados, para expresar una opinión que excede de lo personal, al emitirla en su cargo como decano, y la consiguiente representación de toda la abogacía adscrita a este colegio, desconociendo si es fruto del consenso de toda la Junta de Gobierno, que irremediablemente se verá abocada al respaldo del decano.

El comunicado ni era necesario, ni conveniente y le coloca, desde ahora, en una situación de parcialidad.

Madrid, 4 de septiembre de 2018.

Grupo de trabajo de asuntos colegiales de ALA

Ante las noticias aparecidas en la prensa en los últimos días sobre posibles colegiaciones irregulares en el ICAM de abogados italianos, con intervención de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ALA ha solicitado a la Junta de Gobierno del ICAM, información sobre estas colegiaciones y sobre las relaciones del ICAM con la URJC

Os adjuntamos enlace a la solicitud

ICAM-Abogados italianos URJC

Comisión de Asuntos Colegiales

—